El gobierno crea Anifi para el control de la prevención de blanqueo de capitales

El marco regulatorio de la prevención de delitos financieros en España afronta una de las transformaciones institucionales más profundas de las últimas décadas. La aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales supone una remodelación completa de la arquitectura de supervisión nacional. Con el objetivo de adaptar la legislación a las exigencias del paquete europeo antiblanqueo y a las directrices fijadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Ejecutivo ha puesto en marcha una reestructuración de los organismos fiscalizadores para ganar eficiencia operativos y mejorar la respuesta ante esquemas financieros cada vez más complejos.

En Apreblanc Asesores, como empresa experta en prevención de blanqueo de capitales, seguimos con especial atención los avances legislativos para ofrecer a las empresas un acompañamiento técnico que garantice un cumplimiento normativo impecable. Nuestro equipo evalúa cómo este tipo de cambios institucionales impacta en los protocolos internos de las organizaciones, ayudando a los sujetos obligados a reestructurar sus procesos de diligencia debida y a mantener una interlocución fluida con los supervisores.

Contar con una asesoría especializada resulta clave para anticiparse a los nuevos criterios de inspección y proteger a las corporaciones frente a los riesgos legales derivados de un entorno regulatorio en constante evolución.

Creación de la Anifi y sus funciones

La piedra angular de esta reforma radica en el nacimiento de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera, un nuevo organismo público que aglutinará competencias que hasta la fecha se encontraban dispersas entre la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

La nueva entidad integrará en una única estructura la inteligencia financiera, las tareas de supervisión e inspección, la potestad sancionadora y la gestión de las sanciones internacionales. Además, asumirá competencias inéditas en la legislación española, como el control de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La unificación competencial busca eliminar duplicidades operativas y agilizar los tiempos de respuesta ante las alertas por operaciones sospechosas. Asimismo, el organismo se convertirá en el interlocutor único de España frente a la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, alineando la representación del país con los estándares habituales de la Unión Europea.

Para su constitución, el Estado aprovechará la estructura organizativa existente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, rediseñando su perímetro de actuación para desligarlo de la resolución bancaria y enfocar sus recursos humanos y materiales en la tutela de la integridad financiera.

Nuevos sujetos obligados y criptoactivos

La actualización normativa amplía de forma considerable la lista de sectores sometidos a la supervisión pública, respondiendo a la necesidad de controlar nuevos vehículos de movimiento de capital. El anteproyecto incorpora expresamente como sujetos obligados a los proveedores de servicios de criptoactivos, obligando a estas plataformas tecnológicas a aplicar las mismas medidas de identificación, conservación de registros y comunicación de alertas que las entidades bancarias tradicionales. La medida busca aumentar la transparencia sobre la propiedad de estos activos digitales y estrechar el cerco sobre el uso de tecnologías descentralizadas para la elusión fiscal.

Junto al sector de las divisas virtuales, la ley amplía su radio de acción hacia el ámbito deportivo y las plataformas de financiación participativa. Los clubes de fútbol profesional, los agentes de deportistas y las plataformas de micromecenazgo o financiación colectiva quedarán sometidos formalmente al control de la nueva autoridad.

Las entidades de estos sectores deberán implantar manuales de prevención, designar representantes ante el organismo supervisor y llevar a cabo auditorías externas periódicas para verificar que sus transacciones comerciales no esconden operaciones de lavado de activos.

Financiación de la Anifi y la titularidad real

A diferencia de la mayoría de los organismos de la administración pública, la Autoridad Nacional de Integridad Financiera no dependerá para su funcionamiento de partidas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado. La entidad dispondrá de un modelo de financiación autónomo que se nutrirá de una tasa específica aplicada a los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa, principalmente entidades bancarias, financieras y operadores de juego.

Adicionalmente, podrá destinar un porcentaje limitado de la recaudación obtenida a través de sus propias sanciones a financiar actividades de formación, investigación y cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia económica.

El texto legislativo incluye también medidas para reforzar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles. Se otorgan mayores potestades de inspección y capacidad sancionadora al Registro Central para verificar quiénes son las personas físicas que ostentan el control efectivo de las empresas, al tiempo que se endurecen los requisitos de idoneidad exigidos para administrar sociedades.

Estas medidas se complementan con un incremento del control sobre las transacciones en efectivo, consolidando una estrategia integral destinada a dificultar la circulación de papel moneda no declarado en el tráfico mercantil.

Preparación corporativa ante la llegada de la Anifi

Adaptar los procesos internos de control a los requerimientos de la nueva autoridad de supervisión es fundamental para evitar la imposición de sanciones administrativas y mantener la estabilidad de la empresa.

Si tu organización pertenece a uno de los sectores de reciente incorporación o necesitas auditar tus sistemas actuales de identificación para asegurar su alineación con el nuevo marco legal de la Anifi, ponte en contacto con profesionales en materia de prevención para construir una estrategia de cumplimiento robusta y con plenas garantías jurídicas.