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Ser parte de las operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo conlleva el riesgo de ser considerado partícipe del delito, con las consecuencias penales que ello conlleva.
Ley 10/2010 y Reglamento en conjunto | Ver documento
Ley 10/2010, de 28 de abril (texto consolidado). | Ver documento
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. | Ver documento
Ley 19/2003, de 4 de julio. | Ver documento
Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles | Ver documento
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo | Ver documento
Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras» | Ver documento
Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre | Ver documento
Orden EHA/114/2008, de 29 de enero. | Ver documento
Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. | Ver documento
Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio. | Ver documento
Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo. | Ver documento
Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre. | Ver documento
Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre. | Ver documento
Otros documentos de interés:
Memoria SEPBLAC 2018-2019 | Ver documento
Memoria Estadística Tesoro 2016-2020 | Ver documento
Informe nacional riesgo 2020 | Ver documento
Listado de puestos considerados PRPs | Ver documento
Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida u otros seguros relacionados con inversiones y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.
Las empresas de servicios de inversión.
Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
Las sociedades de garantía recíproca.
Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.Las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y las personas físicas y jurídicas a las que se refieren los artículos 14 y 15 del Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como aquellas que, sin haber obtenido la autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna actividad prevista en el artículo 6.1 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, o desarrollen actividades de concesión de préstamos previstas en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, así como las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos.
Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles o en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros.
Los auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales y cualquier otra persona que se comprometa a prestar de manera directa o a través de otras personas relacionadas, ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales como actividad empresarial o profesional principal.
Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
Los casinos de juego.
Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades o actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte o antigüedades, y las personas que almacenen o comercien con objetos de arte o antigüedades o actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte o antigüedades cuando lo lleven a cabo en puertos francos.
Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente respecto de las operaciones de pago de premios.
Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34.
Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38.
Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.
Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.
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El riesgo de sanción por no haber realizado la revisión de experto externo es alto y muy gravoso (mínimo 60.000 euros). Sin embargo, los riesgos de que dicha revisión sea realizada por un experto externo sin los conocimientos, experiencia y capacidad adecuados son mucho mayores. Pensar que la revisión de experto externo es un mero requisito administrativo, y no considerar el valor que aporta el experto externo al informe, incrementa el riesgo de incumplir con la normativa y, por tanto, de ser sancionado por el resto de infracciones recogidas por la Ley.
Apreblanc Asesores le ofrece cumplir con el requisito administrativo de tener una revisión de experto externo con la garantía de que nuestra experiencia y conocimientos actualizados le permitirán tener una visión real de la situación de la empresa ante el cumplimiento de la normativa de PBC-FT.
La experiencia que nos dan los más de quince años realizando informes a sujetos obligados (más de 1.500 informes realizados) de todos los sectores y tamaños, así como el conocimiento que tenemos del SEPBLAC, por dentro al haber tenido experiencia previa de trabajo en su Área de Supervisión, y desde fuera en las colaboraciones que hemos mantenido con nuestros clientes ante inspecciones del SEPBLAC, nos permite aportar al informe un plus de garantía y confianza que nuestros clientes valoran muy positivamente.
Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.
Ya sea por tener conocimiento de participar en los delitos, ya sea por la comisión de una imprudencia grave que permita que otro los cometa, tanto los empleados de los sujetos obligados como las entidades personas jurídicas como tal, son susceptibles de ser procesados penalmente por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Asimismo, debes saber que el hecho de ser sujeto obligado se considera agravante, por lo que el castigo a imponer siempre será en la mitad superior de lo estipulado en el código penal.
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